En el siempre evolutivo campo de la abogacía, la deontología jurídica se erige como un pilar fundamental que guía la ética y el comportamiento de los abogados. En este contexto, el conocimiento y la competencia en las dinámicas tecnológicas contemporáneas se han vuelto una necesidad ineludible para aquellos abogados que aspiran a cumplir con su responsabilidad de brindar una representación legal sólida y efectiva a sus clientes. Aunque algunos puedan considerar que el ámbito digital es ajeno a su ejercicio, la realidad es que el mundo en sí ya es tecnológico y digital y con él los sucesos que se originan.
Deontología y la relevancia de los cambios tecnológicos en la abogacía
El Código Deontológico de la Abogacía, en sus artículos 13.8, 13.10 y 13.11, establece claramente los principios de competencia, diligencia y responsabilidad que deben regir la actuación del abogado en su labor diaria. Bajo este prisma, no es suficiente solamente ofrecer asesoramiento jurídico general; es igualmente esencial que el abogado se mantenga al tanto de los cambios tecnológicos que puedan influir en todas las jurisdicciones pertinentes.
El artículo 13.8 del Código Deontológico resalta la importancia de la competencia en la selección de casos. Negarse a aceptar un asunto en el que el abogado carezca de competencia adecuada o no busque la colaboración de expertos es una obligación ética. Sin embargo, en la era digital, donde la tecnología se ha convertido en un componente integral de la vida cotidiana, la falta de competencia en cuestiones digitales podría equivaler a una negligencia similar a la falta de competencia en una materia legal fundamental.
La diligencia, como se estipula en el artículo 13.10, exige que el abogado brinde una representación minuciosa y comprometida. La falta de conocimiento tecnológico puede resultar en la omisión de pruebas cruciales o en estrategias legales inadecuadas.
El artículo 13.11 resalta la responsabilidad del abogado de llevar a cabo la defensa de manera íntegra y eficiente. Sin embargo, en la era digital, donde la evidencia digital puede ser decisiva en una variedad de casos, desde rastrear la geolocalización de individuos en investigaciones criminales hasta la presentación de pruebas en casos de despidos, la falta de comprensión de las tecnologías involucradas puede llevar a la presentación de argumentos defectuosos o al no aprovechamiento de oportunidades procesales.
Los abogados, como guardianes de la justicia y el debido proceso, están llamados a mantenerse al día en el ámbito digital. Casos que hace una década parecerían pertenecer a un mundo de ciencia ficción ahora son parte de la realidad legal.
Los delitos económicos informáticos, como el fraude cibernético y el robo de datos, han experimentado un aumento alarmante, sin ir más lejos en el día de hoy, dos empresas de hosting en la nube han recibido un ataque ramsonware y perdiendo los datos de sus clientes. Los abogados deben estar al tanto de las leyes que rigen estos delitos y cómo los sistemas tecnológicos pueden ser utilizados en su prevención y persecución.
Desafíos tecnológicos en diversas ramas jurídicas
Pero aunque la rama primera a la que se nos vaya la mente sea el derecho penal, el derecho digital y los conflictos tecnológicos han invadido ya todas las ramas jurídicas:
a) En el ámbito laboral, la digitalización de la comunicación ha generado nuevas formas de evidencia, como correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. La capacidad de rastrear y presentar pruebas digitales es esencial en disputas laborales y otros asuntos relacionados con el empleo. El conocimiento de cómo obtener y presentar estas pruebas de manera legal y ética es una competencia crítica para los abogados modernos. Además de los problemas laborales relativos a accidentes laborales que está planteando el teletrabajo y la movilidad de los trabajadores, entre otros aspectos.
b) En el derecho civil, por ejemplo, el ocultamiento de activos mediante criptomonedas es una realidad que ocurre y seguirá ocurriendo debido al carácter de anónimo de estos activos. Es vital para los abogados comprender cómo funciona esta tecnología, cómo rastrearlas y cómo presentar pruebas sólidas ante un tribunal.
c) La administración de justicia también ha experimentado una transformación radical gracias a la tecnología. La digitalización de los procesos judiciales, si bien aporta eficiencia, también plantea desafíos en términos de seguridad de datos y acceso equitativo, suspensión de plazos, etc. Los abogados deben ser capaces de navegar por estos sistemas electrónicos y comprender cómo afectan los principios legales fundamentales.
d) En el ámbito administrativo, la semana pasada se ha llegado a plantear la acción de regreso por la posible responsabilidad de una funcionaria por ser el cauce para que se produjese un ciberataque que supuso a la Administración una pérdida de 5 millones de euros (a la espera aún de la Sentencia del TS). Y otro de los temas de actualidad, el relativo al régimen sancionador en materia de protección de datos que puede suponer a las compañías sanciones millonarias.
e) En el ámbito mercantil, las operaciones societarias en las que se involucren criptomonedas, el uso del blockchain en la cadena de suministro, la responsabilidad de los vehículos autónomos, o las nuevas pólizas de ciberserguridad han cambiado también el escenario. Los abogados deben conocer cómo funcionan cada una de estas herramientas para poder analizar y defender las eventuales responsabilidad o exoneraciones de las partes.
En conclusión, la abogacía contemporánea exige una intersección inseparable entre la ética deontológica y la competencia tecnológica. Los abogados que deseen cumplir con su deber de representación diligente y efectiva no pueden darse el lujo de pasar por alto el impacto de la tecnología en la práctica legal. Ignorar este hecho no solo socava la capacidad de brindar un servicio adecuado a los clientes, sino que también desdibuja la integridad profesional que debe guiar a cada abogado en su ejercicio cotidiano.
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